La justicia de Arabia Saudita elevó la condena a la activista de derechos humanos Salma al-Shehab a 34 años de prisión. El estado dirigido de facto por el príncipe Mohamed bin Salman (MBS) la acusó de atentar contra la seguridad y la estabilidad del estado, propagar la sedición, brindar ayuda a quienes buscan alterar el orden público y difundir rumores falsos en Twitter.

Al-Shehab estudió en la Universidad de Leeds en Inglaterra, trabajaba como médica odontológica y profesora en la Universidad Princess Nourah, en Arabia Saudita. Está casada y tiene dos hijos, Adam y Noah.

A través de la red social Twitter participaba y protestaba en las campañas que exigían flexibilización para que las mujeres sean independientes y no estén sometidas a un sistema de tutela por parte de sus familiares hombres.

También pedía la libertad de presos políticos, como Loujain Al-Hathloul, defensor de los derechos humanos y los miembros del ACPRA (Asociación Civil y Política de Derechos de Arabia Saudita).

La Organización Europea y de Arabia Saudita por los Derechos Humanos (ESOHR, por sus siglas en inglés) considera que la sentencia dictada contra Salma Al-Shehab no tiene precedentes y es peligrosa, ya que es la sentencia de prisión más larga dictada contra activistas hombres o mujeres y podría ser un paso hacia una mayor escalada contra ellos.

n los últimos años, muchas mujeres activistas han sido objeto de juicios injustos que han derivado en sentencias arbitrarias, además de que algunas de ellas han sido sometidas a severas torturas y acoso sexual, afirma la organización.

El gobierno saudí ha arrestado al menos a 116 mujeres, 60 de las cuales siguen encarceladas. Nadie fue considerado culpable por los abusos a los derechos humanos, aunque fueron denunciados múltiples veces y hubo una muerte causada por oficiales del Estado en la cárcel. Bajo la política de impunidad, nadie ha rendido cuentas.

La ESOHR dice que sentenciar a Al-Shehab bajo el sistema antiterrorista y de financiamiento confirma que Arabia Saudita trata como terroristas a quienes exigen reformas y critican en las redes sociales, además de las profundas fallas en este sistema señaladas por un análisis legal publicado por esa organización.

Destacan que el fallo contra Salma Al-Shehab revela que las recientes medidas adoptadas por el gobierno saudí en el expediente de los derechos de las mujeres no son sustanciales y se enmarcan en las campañas de blanqueo que está llevando a cabo para mejorar su pobre historial de derechos humanos.

La activista condenada había estado en ocasiones aislada, y había tratado durante su juicio de contarle al juez en privado algo sobre cómo la habían tratado, algo que no quería decir delante de su padre. No se le permitió comunicar el mensaje al juez y el veredicto de apelación fue firmado por tres jueces, pero las firmas eran ilegibles.

Khalid Aljabri, un saudita que vive en el exilio y cuya hermana y hermano están detenidos en el reino, dijo que el caso Shehab demostró la opinión de Arabia Saudita de que la disidencia equivale a terrorismo.