El Tribunal Constitucional declaró inadmisible una ac­ción de inconstitucionali­dad en contra del Fondo de Gestión Provincial Senato­rial, conocido como “El Ba­rrilito”.

La alta corte argumentó que ese fondo no es suscepti­ble de ser atacado median­te una acción directa de in­constitucionalidad, porque no forma parte de los actos consignados por el legis­lador en el artículo 185.1 de la Constitución y artícu­lo 36 de la Ley 137-11 para ser impugnados ante el Tri­bunal Constitucional, en el ejercicio del control concen­trado.

“En efecto, se advierte que el Fondo de Gestión Provin­cial Senatorial, conocido co­mo “El Barrilito”, no es una ley ni un decreto ni un re­glamento, resolución u or­denanza, sino que se trata de un fondo público del que dispone el Senado de la Re­pública, creado con cargo al presupuesto general del Es­tado, auditado y fiscalizado mensualmente por los ór­ganos controladores corres­pondientes.”, indicó en la sentencia TC-00076-22, pu­blicada ayer. Continuar leyendo.